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ASPES-CL considera un insulto a los profesores de Enseñanzas Medias el borrador de la Junta sobre el procedimiento de acceso al Cuerpo de Catedráticos

alegaciones catedras 1920La Asociación de Profesores de Secundaria de Castilla y León exige la ampliación del número de plazas de la oferta para acercarse al todavía lejano límite del 30% marcado por la ley. Reclama, además, criterios objetivos en la valoración de la práctica docente y la equiparación de la función tutorial al nivel que la del jefe de seminario, departamento o director de equipo de orientación educativa.

Una vez conocido y analizado con detenimiento el borrador por el que la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León convoca el procedimiento de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria en la Comunidad, la Asociación de Profesores de Secundaria de Castilla y León (ASPES-CL) manifiesta su disconformidad ante una propuesta absolutamente insultante por el insuficiente número de plazas ofertadas a pesar de la larga espera de más de dos décadas para que este proceso se hiciera por fin realidad.

En ese lapso, y especialmente desde el año 2013, ASPES-CL ha presentado diversos escritos, recursos y peticiones oficiales, a los que se une una resolución judicial favorable que insta a la Consejería de Educación a cumplir lo establecido en la normativa vigente (EBEP y LOMCE) en materia de promoción profesional y convocatoria de plazas de profesores del Cuerpo de Catedráticos. A esas reivindicaciones también se sumó el Defensor del Pueblo, que recomendó al gobierno autonómico activar la convocatoria.

Hoy por hoy, menos del 2% de los más de 10.000 profesores de Enseñanzas Medias de la Comunidad ocupan Cátedra cuando la normativa vigente establece que se puede llegar a un máximo del 30%, un porcentaje que, tras esta convocatoria, todavía quedaría muy lejos. Tan es así que, seguramente, no podrán conformarse tribunales de selección del proceso con catedráticos de Castilla y León, lo que obligará a recurrir a otras comunidades donde sí se ha respetado la norma; un hecho que pone de manifiesto el agravio comparativo del que también los profesores de Secundaria de Castilla y León han sido víctima a lo largo de este tiempo.

A través de una carta dirigida a la consejera de Educación de la Junta, Rocío Lucas, la presidenta de ASPES-CL, Cristina Fernández, rechaza tajantemente que la Inspección Educativa realice valoraciones de la práctica docente, uno de los criterios establecidos por Educación, puesto que la aplicación de baremos subjetivos contaminaría el proceso. Desde la Asociación de Profesores de Secundaria consideramos que la valoración de esos méritos ha de ser objetiva y atender principalmente al criterio de la antigüedad laboral. Del mismo modo resulta intolerable el predominio de aspectos pedagógicos y/o didácticos en la valoración de los méritos añadidos, cuando lo que debería primar son cuestiones científicas concordantes con la especialidad correspondiente.

En ese mismo escrito, ASPES-CL reclama también la convocatoria de plazas de catedráticos para todas las especialidades de Enseñanza Secundaria ya que todos los profesores de Secundaria, independientemente de su especialidad, tienen derecho a poder promocionar profesionalmente, más aún después de esta larga espera.

Por último, la Asociación de Profesores de Secundaria de Castilla y León exige que se incremente la puntuación por el desempeño de la función tutorial como mínimo al mismo nivel que a la del jefe de seminario, departamento o director de equipo de orientación educativa, por ser esta una función esencial y compleja que, desgraciadamente, la Administración no reconoce ni parece valorar profesionalmente.

El objetivo de ASPES-CL, el único colectivo en defensa de los derechos del profesorado que se ha mostrado beligerante en este aspecto, es el de lograr la paulatina incorporación de catedráticos al cuerpo docente de Enseñanzas Medias hasta alcanzar el máximo permitido por la ley, lo que elevaría su número a más de 3.500. Representaría, además, un justo reconocimiento de los derechos de los profesionales educativos y la dignificación de una tarea que, correctamente valorada, también repercutirá en la calidad educativa de las aulas.

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