Ya ha llovido desde que la Comisión Europea apercibió a España por su elevadísima tasa de temporalidad en el empleo de las Administraciones Públicas. Corría el año 2005 y Bruselas, con el horizonte puesto en la cifra mágica del 8 % de interinidad, exigió medidas urgentes para la consecución de este objetivo en el 2012. En el ámbito educativo, y en concreto para las enseñanzas medias, 2008 y 2010 se conocen como los “años del transitorio”, un sistema que facilitaría el ingreso en la función pública docente a un buen número de interinos.
Sin embargo, la adopción de políticas austeras y medidas de consolidación fiscal tras el embate de la crisis económica devolvió a España a la casilla de salida en cuanto a cotas inasumibles de temporalidad en el empleo público. La nueva solución presentada a Europa para la ocasión pasa exclusivamente por unos procesos de estabilización de interinos durante el trienio 2022-2024, con el gobierno central como ente coordinador de éstos a nivel nacional. Se habilitan por tanto, dos sistemas de ingreso: el concurso excepcional de méritos y el concurso-oposición modificado, en el que la fase de concurso representa un 40 % de la puntuación total, si bien es cierto que, a ultimísima hora la oferta de plazas prevista sufrió un “tijeretazo” a instancias del Consejo de Estado, órgano de carácter consultivo al que el Ministerio de Educación y Formación Profesional hará caso, manteniendo el concurso-oposición ordinario en simultaneidad con los anteriores.
Desde la Asociación de Profesores de Secundaria de Castilla y León (ASPES-CL) observamos cómo la ordenación de estos procesos de estabilización se está llevando a cabo de forma improvisada y chapucera por las distintas Administraciones educativas autonómicas, generando el caos entre todos aquellos que quieran participar en los mismos. Todo ello es fruto del fracaso del MEFP a la hora de establecer un marco mínimo y unos criterios de actuación comunes, lo que acabará, de seguir por este camino, en declaración de un Ministerio “a extinguir” en 17 zonas del territorio español.
Tal es así que, en unas CCAA salen plazas de unas especialidades a concurso de méritos y en otras ninguna; hay desequilibrios entre las dos vías propuestas para la estabilización según la comunidad de que se trate, primándose desmesuradamente el concurso en unas, y el concurso-oposición en otras; las comunidades con lengua propia tienen un blindaje para sus interinos, que por el contrario, sí podrán optar a los procesos selectivos en otras regiones si así lo consideran; se llega en casos a esquivar la estabilización de interinos, como ha hecho la Comunidad de Madrid al adelantar un año la convocatoria de las oposiciones en Secundaria, etc. Está claro que semejantes diferencias de oferta entre comunidades autónomas pueden provocar justo el efecto contrario al de estabilizar.
¿Qué decisión se ha tomado en Castilla y León? La apuesta de la Junta es sacar pocas plazas a concurso excepcional (470 en enseñanzas medias), y el grueso, unas 1390, a la oposición "fácil". Garantizada como está la libre concurrencia (interinos con más o menos experiencia, aspirantes de otras CCAA, profesorado de centros concertados o privados, etc.), es fácil imaginar que, aquellos con mayor tiempo trabajado en la comunidad autónoma y que ven limitada a 10 años la valoración por experiencia docente, puedan estar planteándose su participación en otras comunidades y por otras especialidades ante la perspectiva de no ser contratados en un futuro.
Sería ésta una malísima noticia, consecuencia del manifiesto desinterés de la Consejería de Educación en promover una estabilización real del profesorado que actualmente está ejerciendo la docencia en nuestra región.
Con decisiones de este tipo, tomadas al arbitrio de intereses políticos más que de índole educativa, ASPES-CL considera que se avecina una lucha sin cuartel entre interinos en situación de abuso de temporalidad para disputarse unas migajas, y cuyo final, además de imprevisible, será injusto.