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Opinión

PAU: una disposición transitoria arbitraria e injusta

PAUEl Gobierno publica el 23 de Diciembre una disposición transitoria para eximir del examen de acceso de la Universidad a parte del alumnado de Bachillerato

La conocida anteriormente como Selectividad, pasó a denominarse posteriormente PAU (pruebas de acceso a la universidad) o pruebas de acceso a estudios universitarios (PAEU). Con la LOMCE se cambió la denominación a evaluaciones finales de bachillerato, EFB. Para no confundirse y confundirnos, en los propios titulares de prensa se denominaban a veces como reválidas.

En este curso, la confusión se ha agrandado, surgiendo varios nombres más, acuñados por las Universidades: las de Valencia han decidido mantener el nombre PAU en 2017; el grupo G9 de universidades de Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Oviedo, País Vasco, Navarra y Zaragoza, lo denominan “La prueba”; las universidades de Asturias lo denominan Evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad (EBAU), entre otras opciones, haciendo notable una confusión nominal que es sintomática de la desorganización de trasfondo que la Administración embrolla aún más a golpe de publicaciones en el BOE.

La orden ECD/1941/2016 de 22 de Diciembre, publicada en el BOE del día 23, que determina las características de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, desarrolla y detalla los acuerdos alcanzados hace unos 25 días entre el ministro y sus homólogos autonómicos en la Conferencia Sectorial que han quedado plasmados en un decreto ley que paraliza la implantación de la reválida de bachillerato y la sustituye por una actualización de la PAU, adaptada a las asignaturas troncales de la LOMCE, implantadas ya este año en el segundo curso del ciclo.

Esta nueva orden ha establecido, en una disposición transitoria, una excepción injusta y discriminatoria en cuanto a la realización de la PAU: los alumnos de 2º de Bachillerato LOMCE sí necesitarán obligatoriamente aprobar esta prueba para poder acceder a la universidad, a diferencia de sus compañeros repetidores o con pendientes (no todos, solo aquellos a quienes se ha permitido permanecer en la LOE), que, simple y llanamente, no tendrán que hacer ningún tipo de prueba para acceder a la universidad. Entrarán con la media del Bachillerato.

Para más escándalo, ni siquiera queda claro en la redacción final si esta situación transitoria se agotará este curso o si se mantendrá alguno más para los estudiantes de bachillerato LOE que no logren superar todas las asignaturas pendientes tampoco en 2017. El último borrador de la orden sí decía que la exención de la nueva prueba de Selectividad para los estudiantes de segundo con materias de LOE era un beneficio que se otorgaba excepcionalmente en este curso y nada más, pero en el texto definitivo publicado en el BOE esta precisión ha desaparecido.

Esta excepcionalidad, avalada por una orden estatal, ha provocado un revuelo en las aulas. Los alumnos mejor informados que cursaron el modelo LOE están ya preguntando a sus profesores si pueden directamente no presentarse a la PAU este año, habiéndola suspendido el curso pasado, para que les cuente únicamente la media aritmética de las calificaciones de los dos cursos del ciclo. El resto de alumnos, los que eligieron el modelo LOMCE sin tener información de las consecuencias, se quejan de que deberán realizar la nueva selectividad si quieren matricularse en un grado, obteniendo más de un cuatro al hacer la media entre los cuatro exámenes obligados de selectividad, que supondrán un 40%, y las calificaciones del ciclo que contarán un 60%.

Dos cosas quedan claras: una, que se quiebra el principio de igualdad de los españoles ante la ley, por lo que la disposición mencionada podría ser inconstitucional; y dos, que los alumnos que suspendan la PAU podrán poner el asunto en manos de un abogado, ya que otros en sus mismas condiciones, con el bachillerato aprobado, podrán entrar en la universidad mientras ellos se quedan fuera.

La administración justifica la razón de esta excepción argumentando que pretenden evitar el perjuicio que causaría la implantación del nuevo currículo de la LOMCE en el segundo curso, al forzar a los alumnos del modelo anterior a hacer una prueba con asignaturas y temarios que no hubieran estudiado. Pero no estamos hablando de unos pocos alumnos: según algunos cálculos recientes, podrían llegar a 15.000 en toda España, añadiéndose a la discriminación comentada otra previa, ya que cada Autonomía ha organizado la posibilidad de seguir en la LOE de manera distinta y, obviamente, las comunidades más críticas con la LOMCE han sido más generosas con esta excepción.

Para nosotros, los profesores, la discriminación de unos alumnos frente a otros, junto con ser la cara visible de la Administración frente al desconcierto de familias y alumnos, nos parece un completo desatino. Por ello, desde la Asociación de Profesores de Castilla y León, para garantizar la equidad entre nuestros alumnos, solicitamos que la Administración elabore dos pruebas PAU, una LOE y otra LOMCE, para no discriminar ni hacer diferencias entre el alumnado y que todos tengan igualdad de acceso y exigencia en su paso a los estudios universitarios.

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