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Opinión

ASPES denuncia el aumento de financiación de la enseñanza concertada en los presupuestos de Castilla y León

ConcertadaEl consejero de Educación, Fernando Rey, explicó esta semana durante su comparecencia presupuestaria que la financiación de este año en materia de educación ha aumentado un 3,9%, lo que se traduce en un incremento de 74,4 millones de euros sobre los 1.976 millones del ejercicio pasado. Sin embargo, hay un dato totalmente criticable: la mayor parte de esos 74,4 millones irá a parar a las arcas de los centros concertados, los cuales recibirán el 90% de dicho aumento, es decir, 66 millones más que el curso pasado.

Rey explicó que la aportación exacta prevista para los conciertos será de 266.762.396 euros, cifra que además se incrementará a lo largo del ejercicio en 33.054.946 euros, situándose cerca de los 300 millones. Dicho incremento se realiza, según palabras del consejero, «sin minorar las partidas destinadas al sostenimiento de centros públicos»

Una de las justificaciones que daba Rey para este aumento de la financiación de los centros concertados de la región es que para conseguir la equidad educativa hay que «dar la posibilidad de que los alumnos escojan el centro en el que quieren estudiar». Se financia así con fondos públicos el acceso diferenciado del alumnado a un centro al que no pueden acceder todas las familias.

La libre elección de centro resulta la coartada perfecta para poner en marcha cierto tipo de medidas que, más que trabajar por la calidad educativa real, buscan continua (y peligrosamente) acercar el sistema de educación pública al sistema concertado. Entre ellas está la intención de la LOMCE de generar y hacer público un ránking de centros según los resultados académicos de los alumnos o la transformación de la oferta de los centros de Enseñanzas Medias para que cada uno ofrezca un “producto estrella”, ya sea el bachillerato internacional, el de excelencias, el de idiomas o el de humanidades, o cualquier otro proyecto de innovación y mejora educativa. Sin embargo, llegada la hora de los inconvenientes propios de todo sistema educativo, a estos centros concertados tan generosamente retribuidos se les permite deshacerse descaradamente de aquel alumnado que les resulta más incómodo –ya sea por problemas de conducta o de rendimiento académico-, con lo que directamente la Administración educativa, en nombre de una supuesta equidad, está sosteniendo centros educativos que cuando les conviene apelan a dicha equidad y cuando les conviene simplemente la obvian.

Los centros concertados, dirigidos por empresas privadas, tienen muy claro que lo importante para atraer alumnado, o lo que es lo mismo, clientes, son las cifras y la imagen. Sin embargo, los docentes de la enseñanza pública seguimos creyendo y trabajando por lo que consideramos que es la verdadera calidad educativa, a pesar del mensaje que se nos lanza: para tener cierta estabilidad tenemos que colaborar necesariamente con el trabajo de singularización, publicidad y éxito de nuestro centro, que conseguirá más o menos financiación de la Administración según colaboremos para incrementar el porcentaje de aprobados, plegándonos a los designios de la dirección del centro y de la inspección educativa.

Por otro lado, la Administración se vuelve muy selectiva a la hora de ejercer presión sobre la educación pública, en la que sistemáticamente se siguen negando mejoras en los edificios o en la que se dejan morir los centros rurales, en cuyas aulas muchos alumnos tienen actualmente peores ofertas académicas que las que tuvieron sus padres en el siglo pasado. No menos rechazable es el trato que se está dando al profesorado de la pública, al que se le exigen niveles, condiciones y requisitos muy elevados para acceder a la profesión (mucho más de lo que se exige a los docentes de la concertada), a la vez que se deterioran sus condiciones laborales con sobrecargas horarias y tareas impropias del desempeño docente, totalmente alejadas del ideal asociado a la tan cacareada calidad educativa.

Los profesores que formamos parte de ASPES seguimos rechazando la existencia de conciertos educativos a costa del sistema público, siquiera porque la mejor, y única, forma de garantizar la equidad educativa es, obviamente, manteniendo un único modelo, tal y como sucede en la inmensa mayoría de los países europeos, en donde hace ya mucho que entendieron que, lógicamente, no puede haber equidad en un sistema con dos modelos educativos diferenciados. Y seguimos rechazando, asimismo, que se entreguen ingentes cantidades de dinero público a manos privadas para que conviertan algo tan importante como la educación de nuestros hijos en un mero negocio con afán de lucro mientras descaradamente se desmantela el sistema público. La educación de nuestros niños y jóvenes es algo demasiado serio y afecta decisivamente a nuestro futuro, tanto como para permitir que se convierta en un mercado en manos privadas.

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