Tras la publicación el pasado 14 de enero de la convocatoria de las oposiciones de Secundaria, desde ASPES CL queremos hacer un llamamiento a las direcciones provinciales para que el proceso de constitución de los tribunales se haga de forma justa y transparente, de acuerdo con lo establece la legislación.
En el apartado octavo, punto 2, composición de los tribunales, la convocatoria establece que excepto los presidentes de los primeros cinco tribunales y sus suplentes: “El resto de los presidentes y las presidentas suplentes y todas las personas vocales, titulares y suplentes, serán designadas mediante sorteo público entre el personal funcionario de carrera en servicio activo del cuerpo convocado, de la especialidad correspondiente, y que preste servicios en el curso 2025/2026 en el ámbito de gestión de la dirección provincial de educación de la provincia donde se vayan a realizar las pruebas de la fase de oposición” y también que “Excepcionalmente, cuando no haya personal funcionario en número suficiente o cuando las características de la especialidad y otras circunstancias, entre ellas las de carácter presupuestario, así lo exijan, el correspondiente tribunal podrá completarse con personal funcionario de carrera de la especialidad correspondiente que tenga su destino en otra provincia de esta Comunidad Autónoma, preferentemente limítrofe a aquélla donde actúe el tribunal”.
Teniendo esto en cuenta, exigimos lo siguiente:
1. Que, para la constitución de los tribunales, tras el sorteo, si no hubiera suficiente personal funcionario para cubrir la especialidad convocada en la provincia, que los vocales y presidentes titulares sean siempre de la dicha provincia. Nos consta que en convocatorias anteriores se han designado primero a los titulares y suplentes de la provincia y luego ha habido que poner de titulares a gente de otras provincias, generando que mucha gente se tenga que trasladar (con el pago de dietas correspondiente). Esto es un agravio comparativo, ya que sólo sucede en determinadas direcciones provinciales. Se debe tener un criterio JUSTO y UNIFICADO.
2. También sucede en muchas provincias que algunas personas, por la causa que sea, no aparecen en las listas de constitución de los tribunales, siendo de la especialidad que se convoca y estando en activo. Se ha denunciado en varias ocasiones, pero no se ha hecho nada. Desde ASPES CL pedimos que se publique un listado, previo al sorteo, de todas las personas susceptibles de ser tribunal (exceptuando los supuestos recogidos en la convocatoria) que trabajan en las provincias donde se han convocado la oposición y las limítrofes, de tal manera que el proceso de constitución de los tribunales sea por fin TRANSPARENTE.
3. Pedimos también que las especialidades vayan rotando por todas las provincias. Hay algunas especialidades que hace muchos años que no se
convocan en determinadas provincias, generando también agravios comparativos entre los funcionarios de las mismas.
4. Además, puesto que la constitución de los tribunales se hace a finales de mayo, pocas semanas antes del proceso, los miembros de los tribunales que deben desplazarse desde provincias lejanas (los últimos años ha habido gente por ejemplo de Zamora que ha tenido que ejercer de tribunal en Burgos o en Segovia) pedimos también a las direcciones provinciales que prevean estas situaciones y reserven habitaciones de hotel, ya que muchas veces está todo completo con tan poca antelación y no les es posible encontrar sitio para pernoctar la noche antes.
5. Por último, pedimos que se revisen los importes de las dietas, el kilometraje y las indemnizaciones por razón de servicio de vocales y tribunales, son insuficientes para cubrir los gastos que genera la asistencia desde fuera de la provincia y además, unas cuantías más justas podrían generar más tribunales voluntarios, generando menos insatisfacciones entre el personal docente.
Incidimos en la necesidad de que el proceso de constitución de los tribunales sea JUSTO, EQUITATIVO Y TRANSPARENTE para los funcionarios docentes de Castilla y León, sólo así se podrá asegurar la legitimidad de las oposiciones.